Brasil, país de 190 millones de habitantes, es uno de los más grandes del Sudamérica, pero como toda nación, tiene una piedra en el zapato. Y bien grande: El narcotráfico de droga. Este problema le ha generado que se trabaje el lavado de dinero y el trabajo ilegal de menores, pero por sobre todo que los niveles de pobreza no bajen (36 por ciento).
Las zonas rurales son los campos de cultivos para que este germen siga creciendo. De hecho, se han ideado leyes para derribar aviones, pero nada, la producción sigue aumentando.
Y lo peor es que el problema es compartido con otros países como Colombia, Perú e incluso Bolivia que se aprovechan de la Amazonas para recrudecer este flagelo del narcotráfico.
Si el campo es fértil, las grandes ciudades también. Río es la capital de los narcos. Allí cerca de 2 millones de personas –preferentemente en las favelas- son un ejército que nunca ha sido dominado. Y qué decir de Sao Paulo, con más de 22 millones de habitantes hace incontrolable para la policía federal apaciguar todo lo que ocurre.
Lo más dramático es que nadie le ve una solución. Brasil era, es y seguirá siendo una de las naciones con mayores índices de narcotráfico y producción de droga, porque su geografía se lo permite pero además porque la corrupción así también lo quiere.
Las zonas rurales son los campos de cultivos para que este germen siga creciendo. De hecho, se han ideado leyes para derribar aviones, pero nada, la producción sigue aumentando.
Y lo peor es que el problema es compartido con otros países como Colombia, Perú e incluso Bolivia que se aprovechan de la Amazonas para recrudecer este flagelo del narcotráfico.
Si el campo es fértil, las grandes ciudades también. Río es la capital de los narcos. Allí cerca de 2 millones de personas –preferentemente en las favelas- son un ejército que nunca ha sido dominado. Y qué decir de Sao Paulo, con más de 22 millones de habitantes hace incontrolable para la policía federal apaciguar todo lo que ocurre.
Lo más dramático es que nadie le ve una solución. Brasil era, es y seguirá siendo una de las naciones con mayores índices de narcotráfico y producción de droga, porque su geografía se lo permite pero además porque la corrupción así también lo quiere.
Desde el siglo XVIII que se tienen antecedentes de cultivos de marihuana en Brasil, mientras que la coca fue registrada al menos dos siglos antes. Los cultivos se establecieron sobre todo al Noreste de Brasil, especialmente en la región que incluye actualmente los estados de Bahía, Pernambuco, Sergipe, Halagaos y el submedio San Francisco. Todo lo anterior, ocurrió mucho antes de que el consumo y cultivo de drogas comenzara a ser penalizado y reconocido como una acción ilícita.
Hasta el año 2004, se creía que la mayor parte del producto de las numerosas plantaciones de marihuana existentes en el sector anteriormente mencionado, eran para consumo nacional. Sin mebrago, estadísticas de la cantidad de droga que ingresa desde Paraguay abrieron el debate acerca del destino del producto de los cultivos.
A pesar de los esfuerzos que hace el gobierno brasileño por erradicar el tráfico de drogas, que por supuesto incluye los cultivos ilegales de cannabis en el país carioca, la cantidad de gente que se dedica a este ilícito (utilizados por los grandes productores de droga), no se reduce. Y es que en un país donde las brechas sociales son muy amplias, el cultivo parece ser una salida muy conveniente al problema. Basta señalar que, al igual que en las zonas urbanas, un porcentaje considerable de los trabajadores, 25 por ciento, son niños y jóvenes por debajo de los 18 años.
Una investigación titulada Globalisation, Drugs and Criminalisation publicada en el artículo “Una guerra inútil: Drogas y violencia en el Brasil”, del Transnacional Institute de Ámsterdam, revela la existencia de redes de inversiones que se contradicen con el movimiento económico del país. El dinero circulante en los bancos del país no se condice con la cantidad de transacciones de origen conocido, por lo que se deduce que existe una complicidad entre el sistema económico y las actividades ilícitas que permiten que circule tal cantidad de dinero.
¿CÓMO SE TRABAJA EN LOS CULTIVOS DE MARIHUANA?
Tras una crisis de territorios agrícolas, donde se combinaron la crisis del precio de las cebollas, un caso serio de corrupción financiera descubierto durante el gobierno de Collor de Mello y las guerras entre las familias por la posesión de tierras, los campesinos se vieron empobrecidos.
El gobierno, en un plan de ayuda para la crisis, facilitó terrenos a los agricultores. Tiempo después, se descubrió que en muchos de ellos había cultivos de marihuana, una actividad a cargo de narcos que deja mucho más dinero que el cultivo de verduras, por ejemplo. Los labradores son por lo general hombres jóvenes que trabajan voluntariamente o son llevados ahí obligados y niños incluso menores de 12 años, que son incorporados por sus padres, a modo de tradición familiar.
Las condiciones de trabajo en los campos son más que precarias. El agua es escasa y la comida se prepara con lo que haya disponible en el campo a la hora de comer. Todo el tiempo los trabajadores de los cultivos corren diversos peligros, como que alguna banda enemiga quiera posesión de esos terrenos, que haya alguna redada de la policía o que los narcotraficantes, para su propia seguridad, consideren que saben mucho para la conveniencia de su negocio y decidan acabar con ellos.
Acerca de esto último, está el caso de Petrolina. Información proporcionada por el Ministerio Público del Trabajo de Pernambuco, el método más utilizado para el reclutamiento de trabajadores de cultivos es la violencia, aunque muchos deciden permanecer ahí de manera abnegada, debido a su condición de pobreza. Incluso, en el caso de los menores, muchas veces ocurre violencia sexual.
Sin embargo, el problema puede llegar a alcanzar una profundidad insospechada. Los trabajadores, según diversos artículos lo señalan, se sienten menoscabados en su integridad moral y física al ser detenidos. Pero ello dura hasta que se encuentran trabajando en los cultivos, donde se les da a entender que el trabajo que ellos realizan en los cultivos, es, mal que mal, un trabajo. Y es por ello que una vez que los trabajadores adquieren el hábito de cultivar en los campos de marihuana, incluso muestran lealtad ante sus jefes, para así ser dignos de permanecer trabajando para ellos.
LA REPRESIÓN DEL ESTADO
En un país donde el 80 por ciento del espacio es rural sumados a los conflictos por la mala distribución de los terrenos agrícolas, ha sido la deuda histórica que Brasil ha tenido con su pueblo y lo que ha provocado, en cierta medida, los conflictos generados por la presencia de cultivos de sustancias ilícitas, siendo la más común la marihuana.
La erradicación de los cultivos ilegales de marihuana desde los sectores rurales de Brasil ha costado al gobierno millones de vidas de gente de edades que fluctúan entre los 15 y 24 años de edad, que han sido mayoritariamente trabajadores mandados por las cabezas de las organizaciones narco de Brasil.
La función del Estado brasileño está siendo cumplida a medias, pues no es forma de erradicar los cultivos asesinar a quienes trabajan en él, puesto que no son ellos los responsables ni los que los mantienen sembrados.
Por otro lado, la falta de medidas que apunten a la educación de la población, o que permitan la expropiación de tierras que están siendo usadas para el cultivo de marihuana u otras sustancias ilícitas, o la entrega de créditos a pequeños agricultores con el fin de financiar proyectos alternativos que mejoren su situación económica, ha permitido que los cultivos ilegales sean la alternativa más concreta para los pobladores.
GRANDES URBES, GRANDES NARCOGUERRAS
Lejos de lo que sucede en las zonas campesinas de este país, en las grandes ciudades se vive una situación mucho más sangrienta, bulliciosa y letal. Es que en las urbes metropolitanas de Brasil, desde la década del 70 que las actividades criminales relacionadas con el tráfico de droga no han dejado de ser sólo casos aislados. Ya no se trata de un asunto de negocios de drogas, sino de un crimen organizado que involucra homicidios, desapariciones, robos, contrabando de armas, abusos de poder y corrupción por parte de las fuerzas de seguridad, entre otros tópicos.
Recife, Belo Horizonte, Sao Paulo y Río de Janeiro, se caracterizan por la presencia cada vez más notoria del tráfico de drogas en sus territorios. Principalmente, las dos últimas ciudades mencionadas (incluyendo al estado donde están ubicadas), son las que más se destacan. La primera, capital del país carioca con más de 22 millones de habitantes, está ubicada en el Estado con mayor mercado de consumidores de drogas de Brasil, y es importante para la economía narcotraficante, tanto local como internacional (este último punto se tratará más adelante). Y la segunda, es la principal metrópoli brasileña para el tráfico de drogas, donde diversas facciones criminales se pelean entre sí y contra las policías en las favelas ubicadas en los morros de Río. Ambas ciudades reciben a millones de personas que se trasladan desde las zonas rurales, escapando de la pobreza, la hambruna y la violencia. Sin duda, son presas naturales para las redes narcotraficantes.
SAO PAULO:
Si bien la cocaína había estado de moda en la primera mitad del siglo XX en las clases más altas de la sociedad brasileña, comenzó a ser masiva en la década de los 80 llegando hasta la clase media. En la década siguiente, el crack, “la cocaína de los pobres” como le bautizaron, llegó a diversos estratos socioeconómicos. “Una zona de la ciudad (de Sao Paulo), compuesta por casi veinte manzanas y ubicada en el centro, albergaba a tantos consumidores de esta droga que fue bautizada con el nombre de ‘Crackland’”, sostenía Guaracy Mingardi en una publicación del 2001. Estos estupefacientes, incluyendo a la marihuana, han sido las drogas que más se han consumido en la capital paulista.
Según Mingardi, la instauración del crack y la cocaína en el mercado provocó un profundo cambio a principios de esta década en comparación a los antiguos traficantes. Indicó que “la constituye el nivel del incremento de la violencia en las actividades del narcotráfico, violencia que prácticamente no existía hasta los inicios del decenio de 1970”. A esto, agregó que un 20 por ciento de los homicidios que se producían en la ciudad podía atribuirse al tráfico de drogas y el consumo de ellas.
Asimismo, Mingardi, quien es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Sao Paulo (USP), concluyó que en la década de los 90 se produjo una atomización del mercado, es decir, que hubo una infinidad de compradores y vendedores que llevaron a una gran competencia y reducción en los precios de las drogas en la capital carioca.
En cuanto a organizaciones delictivas relacionadas con el narcotráfico en la región paulista, el Primer Comando de la Capital (PCC) es el más importante. Incluso, en el país está considerada como la organización criminal más grande, donde se calcula que tiene a cerca de 20 mil miembros. Esta agrupación se fundó en 1993, por reos de la prisión Taubate, cuyo líder es Marcos Willians Herbes Camacho, alias “Marcola”. Su primer golpe de gracia lo dio en el 2001, cuando organizó la mayor rebelión de prisiones en Brasil.
Si bien los expertos indican que esta agrupación se formó para presionar por mejores condiciones carcelarias, luego ingresó al campo de las drogas y la extorsión desde dentro de las celdas. El modus operandi del PCC es a través de una red de centrales telefónicas manejadas por las mujeres de los encarcelados.
En una ardua investigación de cinco meses de la revista brasileña Caros Amigos, se reveló que el PCC funciona hábilmente como una empresa de comercialización de drogas, dividiendo el territorio de la ciudad en norte, sur, este, oeste y centro, lo que le garantiza el control total del tráfico y las cárceles. Según la revista, el PCC copia el mismo esquema de las grandes corporaciones nacionales e internacionales, que dividen sus actividades en áreas de producción, transporte y comercialización. “Con la división por regiones, la organización cubre todo el estado de Sao Paulo, con un negocio que supera los 340 millones de dólares anuales de recaudación”, asegura la página web Nuevo Digital Internacional acerca de esta investigación. “El comando narco domina cada una de las puntas del negocio: la venta al por mayor y al por menor, la que se realiza en las bocas de fumo (puntos de venta), cuya actividad alcanza en promedio unos 1.500 dólares por día”, agrega el informe.
A su vez, debido a la “labor social” del PCC, muchos brasileños no se extrañan en catalogar un “estado paralelo” de este grupo, incluso asimilándolo con un partido político. Esto se evidencia en los pagos de salarios a los presos más pobres y ofrecimientos de ayudas económicas y protección a sus familiares que viven en las favelas.
En cuanto al reclutamiento de niños y adolescentes a las filas del PCC, comienzan ofreciéndoles regalos para que finalmente trabajen transportando las drogas a las “bocas de fumo”. Los “avioncitos”, como se les conoce a los menores que hacen esta función, pueden llegar a ganar 600 dólares al mes, cuatro veces el salario mínimo de Brasil.
El poderío de esta organización quedó al descubierto ante los ojos del mundo en mayo del 2006, cuando militantes del PCC provocaron el caos en Sao Paulo, ocasionando a 170 fallecidos (entre pandilleros, fuerzas de seguridad y civiles inocentes), 251 ataques, 80 buses incendiados y 77 motines carcelarios. Estos actos violentos se originaron debido a la decisión de trasladar a 766 miembros del PCC, que estaban detenidos en una cárcel de alta seguridad, a un Régimen Disciplinario Diferenciado. Sólo bastó una llamada vía celular de “Marcola” desde el interior de la cárcel, para que se produjeran los hechos mencionados. Las autoridades estaduales debieron negociar con la misma organización criminal para poner cese a esta guerra urbana, lo que provocó fuertes críticas hacia el gobierno de Da Silva para resolver la crisis social, la pobreza, el narcotráfico y la impunidad en el país más desarrollado de Sudamérica.
RÍO DE JANEIRO: LA SAMBA QUE NO GUSTA
Río de Janeiro no es sólo conocido por la hermosa playa de Ipanema o el cerro Pan de Azúcar, sino que las más de mil favelas que se encuentran dominadas por diversas agrupaciones de narcotraficantes en los morros, le otorgan una lamentable fachada a nivel mundial. En ellas, viven más de 2,5 millones de personas y corresponden al 19 por ciento de la ciudad del Estado de homónimo nombre. Hoy la gran mayoría está bajo el poderío y vigilancia de diversos comandos que dividen su territorio.
Si en la década del 60 emergió en los barrios pobres de Río la venta de marihuana –comercio que se extendió a la clase media-, en el decenio siguiente significó el aumento en la venta de cocaína, período inmensamente gratificante económicamente para Brasil. Fue a finales de la década del 70, que los presos de Ilha Grande se organizaron para reivindicar mejores condiciones en las cárceles. Esta historia, similar a la ocurrida con el PCC, dio origen al grupo Falange Vermelha, que al poco tiempo se sobrepuso con diversas actividades criminales, principalmente en el negocio de la venta de cocaína.
Sin embargo, la agrupación fue desmantelada por el gobierno de Moreira Franco entre 1987 y 1990, produciendo que se dividiera en diversas facciones, las cuales hasta hoy son las que controlan gran parte del narcotráfico en las favelas. Ellas son: Comando Vermelho (CV, es la más poderosa agrupación, teniendo a gran parte del territorio bajo su dominio y en su cúspide de los años 90 tuvo a más de 6 mil 500 miembros), Terceiro Comando (TC) y Amigo dos Amigos (ADA). “Los nuevos grupos se mostraron más violentos y poco comprometidos con las comunidades, imponiéndose cada vez más por la fuerza de las armas”, señala un documento del Transnational Institute.
Cada uno de los grupos recientemente mencionados, se dividen en los barrios de las favelas de acuerdo a la monopolización que tengan en la venta de sus boca de fumo, siendo muy común que entre los grupos rivales se hostilicen para conquistar nuevos territorios y así obtener más ganancias en sus ventas. Según Alba Zaluar, hay una división funcional en estas villas: algunas de ellas funcionan como centros de distribución para la venta al por menor (con pandillas bien armadas que dominan a la población local con reglas de seguridad extremas), mientras que otras lo hacen como puntos de venta de pequeños traficantes (su seguridad varía en cuanto a la relación entre pandillas, los policías militares locales y el propio barrio).
Asimismo, el documento de Transnational Institute señala que el narcotráfico de Río no conforma una mafia, ya que no está subordinado a grandes mayoristas, ni a organizaciones verticales extranjeras, “ésta difícilmente extrapola al ‘dueño’ o al ‘gerente’ de la boca de fumo”, asegura. Además, el estudio, llamado “Una guerra inútil, drogas y violencia en el Brasil”, indica que el “capital inicial” empleado para la compra de drogas (cocaína y marihuana) proviene en su mayor parte de robos a bancos y del intercambio del producto por carros robados dentro de Brasil, y negociados en Paraguay.
Las bandas de narcotraficantes han llegado incluso más lejos, robando fusiles, pistolas y municiones a las Fuerzas Armadas, dando a conocer, según la ONG Viva Río, que ésta es una señal de la intensificación del narcotráfico, en las que existen infiltraciones de soldados, ex militares y militares en servicio activo, provocando un nuevo fenómeno de desvío de armas de las FF.AA. Según la Secretaría de Seguridad, la media de granadas aprehendidas a los traficantes entre 2001 y 2003, fue de 374, perteneciendo en su mayoría a lotes vendidos para las Fuerzas Armadas.
El estado en que se encuentra este sector de la ciudad sólo ha traído nefastas consecuencias a sus moradores. A las intervenciones de teléfonos y confiscaciones de casas porque sirven para el narcotráfico, así como también los asesinatos de personas inocentes ya que transitan por los territorios del bando contrario, la gente debe lidiar con el aislamiento en que han estado históricamente, estando excluidos de políticas públicas de educación, salud, empleo y renta, promoción social y seguridad. Una de las últimas alternativas que ha dado resultado a las autoridades para disminuir la violencia provocada por el narcotráfico, ha sido aislar aún más la zona, tras haber instalado un agresivo muro divisorio alrededor de 11 favelas.
SEGURIDAD AL DEBE
A su vez, las tropas de elite que están encargadas de velar por la seguridad, tampoco han sido bien evaluadas por las organizaciones humanitarias. Tanto la Coordinadora de Recursos Especiales (Core) de la Policía Civil de Río de Janeiro, como el Batallón de Operaciones Especiales de la Policía Militar (Bope), pueden “disparar a bocajarro, registrar viviendas sin autorización judicial y someter a dramáticos interrogatorios a cualquier sospechoso de manejar información sobre las personas buscadas”, informa un reportaje de El País de España.
Según la policía militar, se produjeron 20 bajas de efectivos en el 2007 en choques armados y 10 hasta octubre del año pasado. Esta cifra contrasta ampliamente con los 509 civiles muertos hace dos años atrás por parte de la policía, la que consideraba muertes legítimas provocadas por la resistencia de criminales, y otras 472 bajas en el primer semestre del 2008.
Las críticas no se hicieron esperar. “Estamos ante una eficacia policial absurda. No conocemos otra policía en el mundo que cause tantos muertos en sus intervenciones como la de Río”, señala el sociólogo español, Ignacio Cano, quien es miembro del laboratorio de Análisis de la Violencia de la Universidad Estatal de Río de Janeiro (UERJ). “Los policías que cometen abusos son raramente sancionados, y, algunas veces, estos abusos son justificados por las autoridades como una consecuencia inevitable de sus esfuerzos por combatir las altas tasas de criminalidad en Brasil”, señala en su último informe anual la ONG Human Rights Watch.
Si bien esta ciudad no se encuentra en una guerra civil, pareciera tener índices de estarlo. La ONG Viva Río establece que cinco mil niños armados trabajan para el narcotráfico en condiciones similares a los niños-soldados, siendo reclutados a los 10 años. Así, la organización ejemplifica con la guerra entre israelíes y palestinos cuando murieron 467 niños entre 1987 y 2001, mientras que en el mismo período, la violencia de Río causó 3 mil 937 fallecimientos de menores.
Aunque no existe relación directa entre la tasa de homicidios con el narcotráfico, esto parece ser un índice trascendental para varios expertos que investigan la criminalidad y el tráfico de droga en el estado de Río de Janeiro. Para sorpresa de muchos, esta cifra disminuyó el año pasado. Si a mediados de los 90 la tasa de homicidios fue de 64 por cada 100 mil habitantes (el doble que Nueva York), en el 2008 llegó a 39. Esta cifra es aún más relevante si se toma en cuenta que entre 1983 y 2002, en la ciudad de Río de Janeiro las tasas de homicidio crecieron un 444 por ciento, en el período entre 1994 y 2003 la policía confiscó 25 mil 490 armas y entre 1993 y 2002 se registraron 16 mil 426 desapariciones.
LAS FRONTERAS NARCOTIZADAS DE BRASIL
En términos políticos, Brasil, Perú y Colombia no se parecen en nada (son gobernados por líderes con pensamientos distintos). Pero hay ciertos aspectos que los unen de manera extraordinariamente única. El tema de la pobreza es uno de ellos, ya que se estima que Brasil tiene cerca de un 36 por ciento de sus habitantes viviendo bajo la línea de la pobreza. Además, poseen una frontera tridimensional, que es considerada como una de las zonas de producción, procesamiento y salida de drogas como la cocaína, que es la forma como las personas tratan de salir de esa línea que avergüenza tanto a las autoridades de su gobierno.
Este fenómeno se comenzó a incrementar en los años 80, cuando las fronteras del sur y del suroeste brasileño sufrieron la invasión de las mafias de la droga instaladas en Bolivia. Centenares de barriles con acetona y éter, precursores indispensables para producir clorhidrato de cocaína, cruzaban diariamente la frontera hacia laboratorios situados en el altiplano. En sentido contrario ingresaban a Brasil cientos de toneladas de droga refinada, destinadas a las grandes ciudades o a los miles de buscadores de oro que se apiñaban en campamentos en la Amazonia.
LOS SOLDADITOS
En Brasil hay un grupo de 7 mil “soldados” –menores de 18 años- que trabajan acarreando drogas. Se estima que una cuarta parte de ellos lo hace en las fronteras de Brasil con Perú y Colombia.
La cifra revelada el año 2006 por una ONG de Brasil, viene a dejar en claro una vez más las diferencias o mal ojo de las entidades gubernamentales, que por tratar de bajarle el perfil a la situación estimaron en tan sólo cuatro mil los niños o jóvenes que se desempeñan en esas tareas. “Tenía una 'carga' de 160 papeles (de cocaína), de los cuales 40 eran para mí. A veces la aspiraba o gastaba lo que ganaba en más droga”, relató Fabricio, de 17 años, uno de los adolescentes entrevistados por Folha de Sao Paulo, con autorización judicial.
Es por esta misma razón, que los niños brasileños comienzan a fumar marihuana o aspiran cocaína en promedio a los 10 años, situación que tiene muy complicada a las autoridades dirigidas por Lula Da Silva, porque en un fenómeno que crece ante las escasez de oportunidades de una parte de la población que prefiere dedicarse al narcotráfico de droga u armas.
Pero así como caen en el consumo de drogas, también caen muy tempranamente a las cárceles. Sólo en el año 2005 más de mil niños fueron detenidos por traficar drogas en las ciudades más grandes y la frontera.
RESGUARDO DE FRONERAS
El año recién pasado, las alarmas volvieron a sonar en el Gobierno brasileño. Si bien el problema no era en su territorio, sino que en Colombia, el problema es que los involucraba directamente a ellos.
Los líos estaban en la localidad de Cobija (del departamento de Pando) donde los asesinatos entre narcos de Colombia, Brasil y Perú estaba dejando mucha sangre desparramada por esa zona, y los que lograban escapar se iban a la frontera brasileña para huir. Algunos lograban ingresar al país de la samba y se juntaban con sus “amigos” de la mafia en las grandes ciudades como Sao Paulo o Río de Janeiro.
Fue por eso que las autoridades cariocas decidieron instalar una nueva base policial anti-drogas en esa zona y así tratar de controlar la situación. Algo similar ocurrió en la frontera con Bolivia que hasta el momento ha tenido sus resultados. Como lo ocurrido hace unos días atrás, tras 11 días de operativo conjunto entre las policías de Bolivia y Brasil para desarticular bandas que pretendían ingresar más de 1300 kilos de droga hacia suelo brasileño. Mientras que en la frontera de Brasil con Bolivia se logró incautar poco más de 180 kilos de cocaína, dejando como saldo a varios detenidos que pretendían cobrar una suma cercana al medio millón de dólares por dicha transacción.
Estos resultados se deben a la política implementada por el Estado el año pasado, entre los días 26 de mayo y 10 de junio, donde cerca de 2,5 mil kilómetros de frontera fueron cubiertas por aproximadamente 10 mil militares. Cuatro meses después, en octubre, Brasil realizó un despliegue militar similar, lo que le trajo muy buenos dividendos, tales como: detención de narcotraficantes, incautación de droga y armamento similares a los incautados hace unos días en la frontera con Bolivia.
Pero también esta Colombia. Un país que incluso, se podría decir que comparte calles junto a Brasil. O si no que lo digan los habitantes de Tabatinga, ciudad brasileña
separada apenas por una calle de la colombiana Leticia, por donde se fraguan los planes más ambiciosos en cuanto a tema de drogas se refiere.
Allí se han instalado una base de operaciones, Garatéia, sobre instalaciones ya construidas, y es la mayor de la Policía Federal en la región y está equipada con cámaras, censores térmicos, radar marítimo y cañón de luz. No se dejó nada al azar, todo para poder detener este negocio que tiene en ascuas a los gobiernos de Brasil, Colombia, Perú, Paraguay, Uruguay y Argentina, que también se ven involucrados en todos estos actos porque la droga hace escalas en dichos lugares o simplemente son destinos atractivos para los narcotraficantes de Sao Paulo o Río de Janeiro.
Es tan importante este sector de Tabatinga y sus alrededores, que por allí se transporta la cocaína que sale de Colombia en barcos hasta Manaos, la capital del estado brasileño de Amazonas, desde donde puede ser distribuida a todo el país por varias vías. Y si bien existe una ley que autoriza a la Fuerza Aérea a derribar aviones con cargamentos de droga (Ley de Tiro de Destrucción), según las últimas estadísticas este propósito no ha sido realizado, incrementándose el transporte fluvial de la droga por ese lugar.
De hecho, según un estudio realizado por la Organización de Estados Americanos (OEA), la situación es lapidaria: “Es inviable la defensa de los 9 mil kilómetros de frontera, en su mayor parte de montaña y jungla, teniendo como vecinos a tres de los principales productores de cocaína del mundo (Colombia, Perú y Bolivia) y otro productor de cannabis (Paraguay)”.
¿QUIÉNES SON LOS AMOS Y SEÑORES?
Dentro de esos 190 millones de habitantes, hay quienes viven una vida de rey literalmente. Son los capos de las mafias de las drogas. Tienen conexiones con otros líderes de carteles colombianos y nigerianos que procesan droga desde los países andinos y también Brasil.
Pero las organizaciones criminales brasileñas que se han apoderado de esta zona limítrofe son los anteriormente estudiados, PCC y CV, comandando las operaciones de tráfico en la zona fronteriza que une a Brasil con Perú, Colombia, Bolivia e incluso Paraguay.
La cantidad de cocaína decomisada es relativamente baja, si se tiene en cuenta el volumen de esta droga que circula por la Amazonia brasileña: entre 7 mil y 16 mil kilos al año desde 2004. Brasil es un importante país de tránsito en la ruta de la cocaína entre Sudamérica y Europa, con embarcaciones transatlánticas que esconden la droga en contenedores.
Lo llamativo es que su radio de acción incluso se sabe que llega hasta el país europeo de Portugal, como territorio nexo con Europa hasta donde principalmente trafican armas, pero también drogas.
Uno de los más grandes narcotraficantes de la historia brasileña es Luis Fernando da Costa Silva, quien se movía en la frontera de Brasil con Colombia. De hecho fue detenido el año 2001, no sólo por su vasto prontuario criminal y de narco, sino por su vinculación con el grupo guerrillero colombiano de las FARC.
Pero lo más sorprendente es que en Brasil, los que operan con toda libertad son los grupos narcotraficantes colombianos, que contratan personas “brasileñas” para que hagan los trabajos. Por eso que el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, le ha pedido ayuda su par de Brasil para que se fiscalice mejor, y así se puede detener y encarcelar a estas personas que manejan miles de millones en droga, armamento y lavado de dinero.
AMAZONAS
Brasil posee un territorio fronterizo con Colombia que tiene una extensión de aproximadamente 1.664 kilómetros. Es en esa zona donde se cometen los delitos más grandes en cuanto a transacción de droga se refiere.
Localidades como Tabatinga son el puente para llegar hasta el Río Solimoes, que tiene una desembocadura hacia el Río Amazonas (refugio ideal para laboratorios, plantaciones y pistas clandestinas utilizadas por pequeños aviones que atraviesan la selva hacia Surinam, para embarcar la cocaína hacia Europa.), que es la principal vía de traslado para la droga. Por esas aguas, los narcos pueden llegar hasta improvisadas pistas de aterrizajes, donde son embarcadas hacia los Estados Unidos y el resto de Europa. Son miles de millones de dólares los que llegan hasta ese lugar en forma de cocaína, heroína u otras drogas.
Manaos, con una población que supera el millón de habitantes, es el corazón y el centro nervioso de la Amazonía brasileña. No en vano, en esa zona existen puestos militares, policiales, de la Fuerza Aérea y de la policía federal especializada en la desarticulación de los carteles de droga. Es uno de los puntos estratégicos hasta donde las autoridades brasileñas quieren llegar y abarcar para así erradicar esta práctica que les deja miles de millones de dólares, donde también existe el lavado de dinero.
Pero la zona es tan extensa que los controles a veces se hacen inútiles, y los narcotraficantes brasileños viven en un paraíso tras pasar sin mayores obstáculos dichos puestos, dejando la droga donde había sido encomendada. La policía brasileña sabe que la droga proveniente de Bolivia, Perú y Colombia ingresa al estado de Amazonas para seguir vía carretera hasta Belem, donde era embarcada hacia el extranjero, pero sigue habiendo corrupción. La ciudad de Foz de Iguazú, en tanto, se convirtió en la ruta preferida de los traficantes de armas que operaban desde Argentina y Paraguay.
La situación en Brasil ha cambiado. Hasta fines del siglo XX se reconocían a 14 carteles de droga, siendo Río de Janeiro el más poblado, por su gran cantidad de rutas de acceso y salida. Hoy, esos carteles se han trasladado hasta las fronteras, teniendo conexiones con sus pares colombianos, paraguayos y bolivianos, principalmente.
Hasta el año 2004, se creía que la mayor parte del producto de las numerosas plantaciones de marihuana existentes en el sector anteriormente mencionado, eran para consumo nacional. Sin mebrago, estadísticas de la cantidad de droga que ingresa desde Paraguay abrieron el debate acerca del destino del producto de los cultivos.
A pesar de los esfuerzos que hace el gobierno brasileño por erradicar el tráfico de drogas, que por supuesto incluye los cultivos ilegales de cannabis en el país carioca, la cantidad de gente que se dedica a este ilícito (utilizados por los grandes productores de droga), no se reduce. Y es que en un país donde las brechas sociales son muy amplias, el cultivo parece ser una salida muy conveniente al problema. Basta señalar que, al igual que en las zonas urbanas, un porcentaje considerable de los trabajadores, 25 por ciento, son niños y jóvenes por debajo de los 18 años.
Una investigación titulada Globalisation, Drugs and Criminalisation publicada en el artículo “Una guerra inútil: Drogas y violencia en el Brasil”, del Transnacional Institute de Ámsterdam, revela la existencia de redes de inversiones que se contradicen con el movimiento económico del país. El dinero circulante en los bancos del país no se condice con la cantidad de transacciones de origen conocido, por lo que se deduce que existe una complicidad entre el sistema económico y las actividades ilícitas que permiten que circule tal cantidad de dinero.
¿CÓMO SE TRABAJA EN LOS CULTIVOS DE MARIHUANA?
Tras una crisis de territorios agrícolas, donde se combinaron la crisis del precio de las cebollas, un caso serio de corrupción financiera descubierto durante el gobierno de Collor de Mello y las guerras entre las familias por la posesión de tierras, los campesinos se vieron empobrecidos.
El gobierno, en un plan de ayuda para la crisis, facilitó terrenos a los agricultores. Tiempo después, se descubrió que en muchos de ellos había cultivos de marihuana, una actividad a cargo de narcos que deja mucho más dinero que el cultivo de verduras, por ejemplo. Los labradores son por lo general hombres jóvenes que trabajan voluntariamente o son llevados ahí obligados y niños incluso menores de 12 años, que son incorporados por sus padres, a modo de tradición familiar.
Las condiciones de trabajo en los campos son más que precarias. El agua es escasa y la comida se prepara con lo que haya disponible en el campo a la hora de comer. Todo el tiempo los trabajadores de los cultivos corren diversos peligros, como que alguna banda enemiga quiera posesión de esos terrenos, que haya alguna redada de la policía o que los narcotraficantes, para su propia seguridad, consideren que saben mucho para la conveniencia de su negocio y decidan acabar con ellos.
Acerca de esto último, está el caso de Petrolina. Información proporcionada por el Ministerio Público del Trabajo de Pernambuco, el método más utilizado para el reclutamiento de trabajadores de cultivos es la violencia, aunque muchos deciden permanecer ahí de manera abnegada, debido a su condición de pobreza. Incluso, en el caso de los menores, muchas veces ocurre violencia sexual.
Sin embargo, el problema puede llegar a alcanzar una profundidad insospechada. Los trabajadores, según diversos artículos lo señalan, se sienten menoscabados en su integridad moral y física al ser detenidos. Pero ello dura hasta que se encuentran trabajando en los cultivos, donde se les da a entender que el trabajo que ellos realizan en los cultivos, es, mal que mal, un trabajo. Y es por ello que una vez que los trabajadores adquieren el hábito de cultivar en los campos de marihuana, incluso muestran lealtad ante sus jefes, para así ser dignos de permanecer trabajando para ellos.
LA REPRESIÓN DEL ESTADO
En un país donde el 80 por ciento del espacio es rural sumados a los conflictos por la mala distribución de los terrenos agrícolas, ha sido la deuda histórica que Brasil ha tenido con su pueblo y lo que ha provocado, en cierta medida, los conflictos generados por la presencia de cultivos de sustancias ilícitas, siendo la más común la marihuana.
La erradicación de los cultivos ilegales de marihuana desde los sectores rurales de Brasil ha costado al gobierno millones de vidas de gente de edades que fluctúan entre los 15 y 24 años de edad, que han sido mayoritariamente trabajadores mandados por las cabezas de las organizaciones narco de Brasil.
La función del Estado brasileño está siendo cumplida a medias, pues no es forma de erradicar los cultivos asesinar a quienes trabajan en él, puesto que no son ellos los responsables ni los que los mantienen sembrados.
Por otro lado, la falta de medidas que apunten a la educación de la población, o que permitan la expropiación de tierras que están siendo usadas para el cultivo de marihuana u otras sustancias ilícitas, o la entrega de créditos a pequeños agricultores con el fin de financiar proyectos alternativos que mejoren su situación económica, ha permitido que los cultivos ilegales sean la alternativa más concreta para los pobladores.
GRANDES URBES, GRANDES NARCOGUERRAS
Lejos de lo que sucede en las zonas campesinas de este país, en las grandes ciudades se vive una situación mucho más sangrienta, bulliciosa y letal. Es que en las urbes metropolitanas de Brasil, desde la década del 70 que las actividades criminales relacionadas con el tráfico de droga no han dejado de ser sólo casos aislados. Ya no se trata de un asunto de negocios de drogas, sino de un crimen organizado que involucra homicidios, desapariciones, robos, contrabando de armas, abusos de poder y corrupción por parte de las fuerzas de seguridad, entre otros tópicos.
Recife, Belo Horizonte, Sao Paulo y Río de Janeiro, se caracterizan por la presencia cada vez más notoria del tráfico de drogas en sus territorios. Principalmente, las dos últimas ciudades mencionadas (incluyendo al estado donde están ubicadas), son las que más se destacan. La primera, capital del país carioca con más de 22 millones de habitantes, está ubicada en el Estado con mayor mercado de consumidores de drogas de Brasil, y es importante para la economía narcotraficante, tanto local como internacional (este último punto se tratará más adelante). Y la segunda, es la principal metrópoli brasileña para el tráfico de drogas, donde diversas facciones criminales se pelean entre sí y contra las policías en las favelas ubicadas en los morros de Río. Ambas ciudades reciben a millones de personas que se trasladan desde las zonas rurales, escapando de la pobreza, la hambruna y la violencia. Sin duda, son presas naturales para las redes narcotraficantes.
SAO PAULO:
Si bien la cocaína había estado de moda en la primera mitad del siglo XX en las clases más altas de la sociedad brasileña, comenzó a ser masiva en la década de los 80 llegando hasta la clase media. En la década siguiente, el crack, “la cocaína de los pobres” como le bautizaron, llegó a diversos estratos socioeconómicos. “Una zona de la ciudad (de Sao Paulo), compuesta por casi veinte manzanas y ubicada en el centro, albergaba a tantos consumidores de esta droga que fue bautizada con el nombre de ‘Crackland’”, sostenía Guaracy Mingardi en una publicación del 2001. Estos estupefacientes, incluyendo a la marihuana, han sido las drogas que más se han consumido en la capital paulista.
Según Mingardi, la instauración del crack y la cocaína en el mercado provocó un profundo cambio a principios de esta década en comparación a los antiguos traficantes. Indicó que “la constituye el nivel del incremento de la violencia en las actividades del narcotráfico, violencia que prácticamente no existía hasta los inicios del decenio de 1970”. A esto, agregó que un 20 por ciento de los homicidios que se producían en la ciudad podía atribuirse al tráfico de drogas y el consumo de ellas.
Asimismo, Mingardi, quien es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Sao Paulo (USP), concluyó que en la década de los 90 se produjo una atomización del mercado, es decir, que hubo una infinidad de compradores y vendedores que llevaron a una gran competencia y reducción en los precios de las drogas en la capital carioca.
En cuanto a organizaciones delictivas relacionadas con el narcotráfico en la región paulista, el Primer Comando de la Capital (PCC) es el más importante. Incluso, en el país está considerada como la organización criminal más grande, donde se calcula que tiene a cerca de 20 mil miembros. Esta agrupación se fundó en 1993, por reos de la prisión Taubate, cuyo líder es Marcos Willians Herbes Camacho, alias “Marcola”. Su primer golpe de gracia lo dio en el 2001, cuando organizó la mayor rebelión de prisiones en Brasil.
Si bien los expertos indican que esta agrupación se formó para presionar por mejores condiciones carcelarias, luego ingresó al campo de las drogas y la extorsión desde dentro de las celdas. El modus operandi del PCC es a través de una red de centrales telefónicas manejadas por las mujeres de los encarcelados.
En una ardua investigación de cinco meses de la revista brasileña Caros Amigos, se reveló que el PCC funciona hábilmente como una empresa de comercialización de drogas, dividiendo el territorio de la ciudad en norte, sur, este, oeste y centro, lo que le garantiza el control total del tráfico y las cárceles. Según la revista, el PCC copia el mismo esquema de las grandes corporaciones nacionales e internacionales, que dividen sus actividades en áreas de producción, transporte y comercialización. “Con la división por regiones, la organización cubre todo el estado de Sao Paulo, con un negocio que supera los 340 millones de dólares anuales de recaudación”, asegura la página web Nuevo Digital Internacional acerca de esta investigación. “El comando narco domina cada una de las puntas del negocio: la venta al por mayor y al por menor, la que se realiza en las bocas de fumo (puntos de venta), cuya actividad alcanza en promedio unos 1.500 dólares por día”, agrega el informe.
A su vez, debido a la “labor social” del PCC, muchos brasileños no se extrañan en catalogar un “estado paralelo” de este grupo, incluso asimilándolo con un partido político. Esto se evidencia en los pagos de salarios a los presos más pobres y ofrecimientos de ayudas económicas y protección a sus familiares que viven en las favelas.
En cuanto al reclutamiento de niños y adolescentes a las filas del PCC, comienzan ofreciéndoles regalos para que finalmente trabajen transportando las drogas a las “bocas de fumo”. Los “avioncitos”, como se les conoce a los menores que hacen esta función, pueden llegar a ganar 600 dólares al mes, cuatro veces el salario mínimo de Brasil.
El poderío de esta organización quedó al descubierto ante los ojos del mundo en mayo del 2006, cuando militantes del PCC provocaron el caos en Sao Paulo, ocasionando a 170 fallecidos (entre pandilleros, fuerzas de seguridad y civiles inocentes), 251 ataques, 80 buses incendiados y 77 motines carcelarios. Estos actos violentos se originaron debido a la decisión de trasladar a 766 miembros del PCC, que estaban detenidos en una cárcel de alta seguridad, a un Régimen Disciplinario Diferenciado. Sólo bastó una llamada vía celular de “Marcola” desde el interior de la cárcel, para que se produjeran los hechos mencionados. Las autoridades estaduales debieron negociar con la misma organización criminal para poner cese a esta guerra urbana, lo que provocó fuertes críticas hacia el gobierno de Da Silva para resolver la crisis social, la pobreza, el narcotráfico y la impunidad en el país más desarrollado de Sudamérica.
RÍO DE JANEIRO: LA SAMBA QUE NO GUSTA
Río de Janeiro no es sólo conocido por la hermosa playa de Ipanema o el cerro Pan de Azúcar, sino que las más de mil favelas que se encuentran dominadas por diversas agrupaciones de narcotraficantes en los morros, le otorgan una lamentable fachada a nivel mundial. En ellas, viven más de 2,5 millones de personas y corresponden al 19 por ciento de la ciudad del Estado de homónimo nombre. Hoy la gran mayoría está bajo el poderío y vigilancia de diversos comandos que dividen su territorio.
Si en la década del 60 emergió en los barrios pobres de Río la venta de marihuana –comercio que se extendió a la clase media-, en el decenio siguiente significó el aumento en la venta de cocaína, período inmensamente gratificante económicamente para Brasil. Fue a finales de la década del 70, que los presos de Ilha Grande se organizaron para reivindicar mejores condiciones en las cárceles. Esta historia, similar a la ocurrida con el PCC, dio origen al grupo Falange Vermelha, que al poco tiempo se sobrepuso con diversas actividades criminales, principalmente en el negocio de la venta de cocaína.
Sin embargo, la agrupación fue desmantelada por el gobierno de Moreira Franco entre 1987 y 1990, produciendo que se dividiera en diversas facciones, las cuales hasta hoy son las que controlan gran parte del narcotráfico en las favelas. Ellas son: Comando Vermelho (CV, es la más poderosa agrupación, teniendo a gran parte del territorio bajo su dominio y en su cúspide de los años 90 tuvo a más de 6 mil 500 miembros), Terceiro Comando (TC) y Amigo dos Amigos (ADA). “Los nuevos grupos se mostraron más violentos y poco comprometidos con las comunidades, imponiéndose cada vez más por la fuerza de las armas”, señala un documento del Transnational Institute.
Cada uno de los grupos recientemente mencionados, se dividen en los barrios de las favelas de acuerdo a la monopolización que tengan en la venta de sus boca de fumo, siendo muy común que entre los grupos rivales se hostilicen para conquistar nuevos territorios y así obtener más ganancias en sus ventas. Según Alba Zaluar, hay una división funcional en estas villas: algunas de ellas funcionan como centros de distribución para la venta al por menor (con pandillas bien armadas que dominan a la población local con reglas de seguridad extremas), mientras que otras lo hacen como puntos de venta de pequeños traficantes (su seguridad varía en cuanto a la relación entre pandillas, los policías militares locales y el propio barrio).
Asimismo, el documento de Transnational Institute señala que el narcotráfico de Río no conforma una mafia, ya que no está subordinado a grandes mayoristas, ni a organizaciones verticales extranjeras, “ésta difícilmente extrapola al ‘dueño’ o al ‘gerente’ de la boca de fumo”, asegura. Además, el estudio, llamado “Una guerra inútil, drogas y violencia en el Brasil”, indica que el “capital inicial” empleado para la compra de drogas (cocaína y marihuana) proviene en su mayor parte de robos a bancos y del intercambio del producto por carros robados dentro de Brasil, y negociados en Paraguay.
Las bandas de narcotraficantes han llegado incluso más lejos, robando fusiles, pistolas y municiones a las Fuerzas Armadas, dando a conocer, según la ONG Viva Río, que ésta es una señal de la intensificación del narcotráfico, en las que existen infiltraciones de soldados, ex militares y militares en servicio activo, provocando un nuevo fenómeno de desvío de armas de las FF.AA. Según la Secretaría de Seguridad, la media de granadas aprehendidas a los traficantes entre 2001 y 2003, fue de 374, perteneciendo en su mayoría a lotes vendidos para las Fuerzas Armadas.
El estado en que se encuentra este sector de la ciudad sólo ha traído nefastas consecuencias a sus moradores. A las intervenciones de teléfonos y confiscaciones de casas porque sirven para el narcotráfico, así como también los asesinatos de personas inocentes ya que transitan por los territorios del bando contrario, la gente debe lidiar con el aislamiento en que han estado históricamente, estando excluidos de políticas públicas de educación, salud, empleo y renta, promoción social y seguridad. Una de las últimas alternativas que ha dado resultado a las autoridades para disminuir la violencia provocada por el narcotráfico, ha sido aislar aún más la zona, tras haber instalado un agresivo muro divisorio alrededor de 11 favelas.
SEGURIDAD AL DEBE
A su vez, las tropas de elite que están encargadas de velar por la seguridad, tampoco han sido bien evaluadas por las organizaciones humanitarias. Tanto la Coordinadora de Recursos Especiales (Core) de la Policía Civil de Río de Janeiro, como el Batallón de Operaciones Especiales de la Policía Militar (Bope), pueden “disparar a bocajarro, registrar viviendas sin autorización judicial y someter a dramáticos interrogatorios a cualquier sospechoso de manejar información sobre las personas buscadas”, informa un reportaje de El País de España.
Según la policía militar, se produjeron 20 bajas de efectivos en el 2007 en choques armados y 10 hasta octubre del año pasado. Esta cifra contrasta ampliamente con los 509 civiles muertos hace dos años atrás por parte de la policía, la que consideraba muertes legítimas provocadas por la resistencia de criminales, y otras 472 bajas en el primer semestre del 2008.
Las críticas no se hicieron esperar. “Estamos ante una eficacia policial absurda. No conocemos otra policía en el mundo que cause tantos muertos en sus intervenciones como la de Río”, señala el sociólogo español, Ignacio Cano, quien es miembro del laboratorio de Análisis de la Violencia de la Universidad Estatal de Río de Janeiro (UERJ). “Los policías que cometen abusos son raramente sancionados, y, algunas veces, estos abusos son justificados por las autoridades como una consecuencia inevitable de sus esfuerzos por combatir las altas tasas de criminalidad en Brasil”, señala en su último informe anual la ONG Human Rights Watch.
Si bien esta ciudad no se encuentra en una guerra civil, pareciera tener índices de estarlo. La ONG Viva Río establece que cinco mil niños armados trabajan para el narcotráfico en condiciones similares a los niños-soldados, siendo reclutados a los 10 años. Así, la organización ejemplifica con la guerra entre israelíes y palestinos cuando murieron 467 niños entre 1987 y 2001, mientras que en el mismo período, la violencia de Río causó 3 mil 937 fallecimientos de menores.
Aunque no existe relación directa entre la tasa de homicidios con el narcotráfico, esto parece ser un índice trascendental para varios expertos que investigan la criminalidad y el tráfico de droga en el estado de Río de Janeiro. Para sorpresa de muchos, esta cifra disminuyó el año pasado. Si a mediados de los 90 la tasa de homicidios fue de 64 por cada 100 mil habitantes (el doble que Nueva York), en el 2008 llegó a 39. Esta cifra es aún más relevante si se toma en cuenta que entre 1983 y 2002, en la ciudad de Río de Janeiro las tasas de homicidio crecieron un 444 por ciento, en el período entre 1994 y 2003 la policía confiscó 25 mil 490 armas y entre 1993 y 2002 se registraron 16 mil 426 desapariciones.
LAS FRONTERAS NARCOTIZADAS DE BRASIL
En términos políticos, Brasil, Perú y Colombia no se parecen en nada (son gobernados por líderes con pensamientos distintos). Pero hay ciertos aspectos que los unen de manera extraordinariamente única. El tema de la pobreza es uno de ellos, ya que se estima que Brasil tiene cerca de un 36 por ciento de sus habitantes viviendo bajo la línea de la pobreza. Además, poseen una frontera tridimensional, que es considerada como una de las zonas de producción, procesamiento y salida de drogas como la cocaína, que es la forma como las personas tratan de salir de esa línea que avergüenza tanto a las autoridades de su gobierno.
Este fenómeno se comenzó a incrementar en los años 80, cuando las fronteras del sur y del suroeste brasileño sufrieron la invasión de las mafias de la droga instaladas en Bolivia. Centenares de barriles con acetona y éter, precursores indispensables para producir clorhidrato de cocaína, cruzaban diariamente la frontera hacia laboratorios situados en el altiplano. En sentido contrario ingresaban a Brasil cientos de toneladas de droga refinada, destinadas a las grandes ciudades o a los miles de buscadores de oro que se apiñaban en campamentos en la Amazonia.
LOS SOLDADITOS
En Brasil hay un grupo de 7 mil “soldados” –menores de 18 años- que trabajan acarreando drogas. Se estima que una cuarta parte de ellos lo hace en las fronteras de Brasil con Perú y Colombia.
La cifra revelada el año 2006 por una ONG de Brasil, viene a dejar en claro una vez más las diferencias o mal ojo de las entidades gubernamentales, que por tratar de bajarle el perfil a la situación estimaron en tan sólo cuatro mil los niños o jóvenes que se desempeñan en esas tareas. “Tenía una 'carga' de 160 papeles (de cocaína), de los cuales 40 eran para mí. A veces la aspiraba o gastaba lo que ganaba en más droga”, relató Fabricio, de 17 años, uno de los adolescentes entrevistados por Folha de Sao Paulo, con autorización judicial.
Es por esta misma razón, que los niños brasileños comienzan a fumar marihuana o aspiran cocaína en promedio a los 10 años, situación que tiene muy complicada a las autoridades dirigidas por Lula Da Silva, porque en un fenómeno que crece ante las escasez de oportunidades de una parte de la población que prefiere dedicarse al narcotráfico de droga u armas.
Pero así como caen en el consumo de drogas, también caen muy tempranamente a las cárceles. Sólo en el año 2005 más de mil niños fueron detenidos por traficar drogas en las ciudades más grandes y la frontera.
RESGUARDO DE FRONERAS
El año recién pasado, las alarmas volvieron a sonar en el Gobierno brasileño. Si bien el problema no era en su territorio, sino que en Colombia, el problema es que los involucraba directamente a ellos.
Los líos estaban en la localidad de Cobija (del departamento de Pando) donde los asesinatos entre narcos de Colombia, Brasil y Perú estaba dejando mucha sangre desparramada por esa zona, y los que lograban escapar se iban a la frontera brasileña para huir. Algunos lograban ingresar al país de la samba y se juntaban con sus “amigos” de la mafia en las grandes ciudades como Sao Paulo o Río de Janeiro.
Fue por eso que las autoridades cariocas decidieron instalar una nueva base policial anti-drogas en esa zona y así tratar de controlar la situación. Algo similar ocurrió en la frontera con Bolivia que hasta el momento ha tenido sus resultados. Como lo ocurrido hace unos días atrás, tras 11 días de operativo conjunto entre las policías de Bolivia y Brasil para desarticular bandas que pretendían ingresar más de 1300 kilos de droga hacia suelo brasileño. Mientras que en la frontera de Brasil con Bolivia se logró incautar poco más de 180 kilos de cocaína, dejando como saldo a varios detenidos que pretendían cobrar una suma cercana al medio millón de dólares por dicha transacción.
Estos resultados se deben a la política implementada por el Estado el año pasado, entre los días 26 de mayo y 10 de junio, donde cerca de 2,5 mil kilómetros de frontera fueron cubiertas por aproximadamente 10 mil militares. Cuatro meses después, en octubre, Brasil realizó un despliegue militar similar, lo que le trajo muy buenos dividendos, tales como: detención de narcotraficantes, incautación de droga y armamento similares a los incautados hace unos días en la frontera con Bolivia.
Pero también esta Colombia. Un país que incluso, se podría decir que comparte calles junto a Brasil. O si no que lo digan los habitantes de Tabatinga, ciudad brasileña
separada apenas por una calle de la colombiana Leticia, por donde se fraguan los planes más ambiciosos en cuanto a tema de drogas se refiere.Allí se han instalado una base de operaciones, Garatéia, sobre instalaciones ya construidas, y es la mayor de la Policía Federal en la región y está equipada con cámaras, censores térmicos, radar marítimo y cañón de luz. No se dejó nada al azar, todo para poder detener este negocio que tiene en ascuas a los gobiernos de Brasil, Colombia, Perú, Paraguay, Uruguay y Argentina, que también se ven involucrados en todos estos actos porque la droga hace escalas en dichos lugares o simplemente son destinos atractivos para los narcotraficantes de Sao Paulo o Río de Janeiro.
Es tan importante este sector de Tabatinga y sus alrededores, que por allí se transporta la cocaína que sale de Colombia en barcos hasta Manaos, la capital del estado brasileño de Amazonas, desde donde puede ser distribuida a todo el país por varias vías. Y si bien existe una ley que autoriza a la Fuerza Aérea a derribar aviones con cargamentos de droga (Ley de Tiro de Destrucción), según las últimas estadísticas este propósito no ha sido realizado, incrementándose el transporte fluvial de la droga por ese lugar.
De hecho, según un estudio realizado por la Organización de Estados Americanos (OEA), la situación es lapidaria: “Es inviable la defensa de los 9 mil kilómetros de frontera, en su mayor parte de montaña y jungla, teniendo como vecinos a tres de los principales productores de cocaína del mundo (Colombia, Perú y Bolivia) y otro productor de cannabis (Paraguay)”.
¿QUIÉNES SON LOS AMOS Y SEÑORES?
Dentro de esos 190 millones de habitantes, hay quienes viven una vida de rey literalmente. Son los capos de las mafias de las drogas. Tienen conexiones con otros líderes de carteles colombianos y nigerianos que procesan droga desde los países andinos y también Brasil.
Pero las organizaciones criminales brasileñas que se han apoderado de esta zona limítrofe son los anteriormente estudiados, PCC y CV, comandando las operaciones de tráfico en la zona fronteriza que une a Brasil con Perú, Colombia, Bolivia e incluso Paraguay.
La cantidad de cocaína decomisada es relativamente baja, si se tiene en cuenta el volumen de esta droga que circula por la Amazonia brasileña: entre 7 mil y 16 mil kilos al año desde 2004. Brasil es un importante país de tránsito en la ruta de la cocaína entre Sudamérica y Europa, con embarcaciones transatlánticas que esconden la droga en contenedores.
Lo llamativo es que su radio de acción incluso se sabe que llega hasta el país europeo de Portugal, como territorio nexo con Europa hasta donde principalmente trafican armas, pero también drogas.
Uno de los más grandes narcotraficantes de la historia brasileña es Luis Fernando da Costa Silva, quien se movía en la frontera de Brasil con Colombia. De hecho fue detenido el año 2001, no sólo por su vasto prontuario criminal y de narco, sino por su vinculación con el grupo guerrillero colombiano de las FARC.
Pero lo más sorprendente es que en Brasil, los que operan con toda libertad son los grupos narcotraficantes colombianos, que contratan personas “brasileñas” para que hagan los trabajos. Por eso que el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, le ha pedido ayuda su par de Brasil para que se fiscalice mejor, y así se puede detener y encarcelar a estas personas que manejan miles de millones en droga, armamento y lavado de dinero.
AMAZONAS
Brasil posee un territorio fronterizo con Colombia que tiene una extensión de aproximadamente 1.664 kilómetros. Es en esa zona donde se cometen los delitos más grandes en cuanto a transacción de droga se refiere.
Localidades como Tabatinga son el puente para llegar hasta el Río Solimoes, que tiene una desembocadura hacia el Río Amazonas (refugio ideal para laboratorios, plantaciones y pistas clandestinas utilizadas por pequeños aviones que atraviesan la selva hacia Surinam, para embarcar la cocaína hacia Europa.), que es la principal vía de traslado para la droga. Por esas aguas, los narcos pueden llegar hasta improvisadas pistas de aterrizajes, donde son embarcadas hacia los Estados Unidos y el resto de Europa. Son miles de millones de dólares los que llegan hasta ese lugar en forma de cocaína, heroína u otras drogas.
Manaos, con una población que supera el millón de habitantes, es el corazón y el centro nervioso de la Amazonía brasileña. No en vano, en esa zona existen puestos militares, policiales, de la Fuerza Aérea y de la policía federal especializada en la desarticulación de los carteles de droga. Es uno de los puntos estratégicos hasta donde las autoridades brasileñas quieren llegar y abarcar para así erradicar esta práctica que les deja miles de millones de dólares, donde también existe el lavado de dinero.
Pero la zona es tan extensa que los controles a veces se hacen inútiles, y los narcotraficantes brasileños viven en un paraíso tras pasar sin mayores obstáculos dichos puestos, dejando la droga donde había sido encomendada. La policía brasileña sabe que la droga proveniente de Bolivia, Perú y Colombia ingresa al estado de Amazonas para seguir vía carretera hasta Belem, donde era embarcada hacia el extranjero, pero sigue habiendo corrupción. La ciudad de Foz de Iguazú, en tanto, se convirtió en la ruta preferida de los traficantes de armas que operaban desde Argentina y Paraguay.
La situación en Brasil ha cambiado. Hasta fines del siglo XX se reconocían a 14 carteles de droga, siendo Río de Janeiro el más poblado, por su gran cantidad de rutas de acceso y salida. Hoy, esos carteles se han trasladado hasta las fronteras, teniendo conexiones con sus pares colombianos, paraguayos y bolivianos, principalmente.
